En Galicia, hay constancia de caza de ballenas desde el siglo XIII. En la Edad Media los marineros vascos establecieron bases y atalayas de avistamiento en la Costa da Morte, que pasó a constituir uno de los centros principales de caza. La industria gallega comenzó su despegue en el siglo XVII, con un rendimiento sostenible que se prolongó hasta el siglo XX.

Precisamente, desde 1955, tras el cierre de la última factoría mediterránea, fue la costa gallega la única con una industria dedicada a la caza de ballenas, destinada al mercado internacional. Esta situación se truncó con la adhesión española a la moratoria de 1985, y el cese de la actividad, que motivó el cierre de las factorías de Bueu, San Cibrao y Cee.

El lunes, Islandia rompió con 14 años de tregua entre sus marineros y las ballenas. La nave Njordur cazó un rorcual aliblanco de cinco metros, dando inicio a un supuesto proyecto científico que incluye la localización y captura de otros 500 ejemplares en dos años.

El órdago islandés, que ha obviado las amenazas internacionales de boicot comercial, se justifica en un proyecto de su Instituto de Investigación Marítima para controlar la población de cetáceos. Según el Gobierno de Reikiavik, las 43.000 ballenas que habitan sus aguas consumen anualmente unos dos millones de toneladas de pescados y krill, por lo que su caza es vital para mantener el ecosistema marino y las reservas de pesca.

Islandia ha aprovechado uno de los supuestos establecidos por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) para permitir la caza de ballenas. El argumento de la investigación y mantenimiento de los recursos pesqueros, es la excusa también empleada por Japón para hacer caso omiso de los acuerdos internacionales.

Un gran negocio

El plan islandés contempla la caza supervisada por científicos, pero su destino último, el de la carne de los cetáceos, es el consumo humano. Un fin que otro país, Noruega, admite sin tapujos para la caza indiscriminada de ballenas en sus aguas.

Las capturas de cetáceos constituyen un lucrativo negocio al que Islandia ha recurrido para intentar superar la crisis pesquera que vive el Mar del Norte. La rentabilidad está asegurada, basta con observar los casos de Noruega y Japón. En este último país, la industria ballenera maneja cifras superiores a los 22.400 millones de euros anuales.

Del animal se puede aprovechar todo. Su carne alcanza en los mercados hasta 80 euros por kilo, la sangre es empleada como fertilizante y los aceites y grasas tienen al sector farmacéutico y cosmético como grandes clientes.

Una moratoria ignorada

Han sido estos tres países, Japón, Noruega e Islandia, los que han provocado los recientes desacuerdos en el seno de la CBI sobre el establecimiento de dos santuarios en el Atlántico y en el sur del Pacífico.

Una lucha iniciada en 1986, cuando la Comisión estableció una moratoria internacional para evitar la desaparición de la especie. En aquella época, siete de las 13 variedades de ballena estaban en serio peligro de extinción.

Aquella moratoria fue ignorada desde un principio por Noruega y Japón. Islandia, al igual que la extinta Unión Soviética, la acató en 1989. Ahora, 14 años después, los islandeses vuelven a armar los arpones.>