Según podemos leer en el diario La Opinión de La Coruña, la juez Dominique de Talance, considera haber estabilizado por fin la larga cadena de responsabilidades que se esconde tras el naufragio del petrolero maltés en el que se vertieron 15.000 toneladas de hidrocarburos que contaminaron 400 kilómetros de la costa atlántica gala. El largo proceso de instrucción del caso Erika guarda muchas similitudes con el abierto en el juzgado de Corcubión por el Prestige, aún en fase inicial.

En el juicio, que no se celebrará antes de finales de 2005, comparecerán como acusados el capitán indio del Erika, el armador, la fletadora francesa Total y la compañía de clasificación Rina.

También figuran entre los inculpados, que tendrán que responder a los cargos de contaminación marina, puesta en peligro de la vida a terceros o abstención voluntaria de tomar las medidas que permiten combatir un siniestro, cuatro militares de la prefectura marítima de Brest que no dieron suficiente crédito a la urgencia de las llamadas de socorro realizadas por la tripulación.

Varios informes cuestionan, entre otras, la celeridad de las actuaciones del Estado francés y la pertinencia de algunos de sus actos.

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